Venezuela está abierta
a la inversión

La ley establece un marco para definir las condiciones de la inversión. El Contrato de Inversión Extranjera fija, entre otros aspectos, el objeto, valor, ubicación, duración, financiamiento e incentivos acordados para el proyecto y tiene carácter obligatorio para las partes.

La ley reconoce al inversionista extranjero la igualdad de trato respecto de la inversión de nacionales residentes y la posibilidad de remitir utilidades y capital al exterior, conforme a las condiciones, plazos y excepciones que ella misma establece.

Los incentivos y condiciones favorables no son automáticos: dependen de las características del proyecto, los sectores definidos como preferentes y los compromisos formalmente asumidos.

La inversión extranjera puede establecerse en cualquier área, sector o actividad económica permitida por la legislación venezolana. El Estado se reserva el desarrollo de determinados sectores estratégicos conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico, y existen regímenes especiales para actividades específicas.

Hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y medios de comunicación cuentan con legislación propia, que se aplica con preferencia. Por ello, los proyectos relacionados con estas actividades se canalizan en coordinación con los entes rectores de cada sector.

Si el proyecto se ubica en una Zona Económica Especial, corresponde evaluar el perfil empresarial y certificar el proyecto de participación, en coordinación con la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales.

La ley establece que la inversión extranjera será tratada, para todos los efectos, de igual forma que la inversión de nacionales residentes, sin perjuicio de los requisitos y regímenes especiales aplicables. El tratamiento de las inversiones está sujeto a reglas claras, precisas y determinadas.

Las condiciones específicas del proyecto, incluidos los incentivos acordados, se establecen en el Contrato de Inversión Extranjera, que tiene carácter obligatorio para las partes.

Cualquier medida que afecte los derechos del inversionista debe tramitarse conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y con respeto al debido proceso.

Los incentivos se determinan según las características, compromisos y objetivos de cada proyecto; no se conceden de manera automática. El marco general contempla desgravámenes, amortización acelerada, bonificaciones en impuestos, exenciones arancelarias y tributarias, condiciones crediticias especiales, tarifas especiales en servicios públicos, acceso preferencial a determinados insumos y materias primas administrados por el Estado y períodos de estabilidad tributaria.

Su otorgamiento puede estar vinculado a compromisos verificables, como la exportación de bienes o servicios no tradicionales, la transferencia tecnológica, el desarrollo de proveedores nacionales, la sustitución de importaciones, la generación de empleo y el monto y permanencia de la inversión.

En las Zonas Económicas Especiales pueden aplicarse incentivos específicos, como el reintegro tributario de importación —drawback—, otros reintegros tributarios nacionales y el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Las condiciones aplicables se establecen en el Convenio de actividad económica y dependen del cumplimiento de las metas y obligaciones asumidas.

Los incentivos acordados para la inversión extranjera se incorporan al contrato correspondiente y pueden aplicarse progresivamente, según el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Utilidades: el inversionista extranjero tiene derecho a remitir al exterior anualmente, a partir del cierre del primer ejercicio económico, hasta el cien por ciento de las utilidades o dividendos comprobados provenientes de su inversión extranjera, en divisas libremente convertibles y previo cumplimiento del objeto de la inversión. Cuando la remisión sea parcial, la diferencia puede acumularse por un máximo de tres ejercicios, conforme a las condiciones legales aplicables.

Capital: la inversión debe permanecer en el territorio nacional durante un período mínimo de dos años, contado desde que la inversión se materializa. Cumplido ese período y pagados los tributos y demás pasivos aplicables, el inversionista puede remesar al exterior el capital originalmente invertido. También pueden remitirse los ingresos obtenidos por la venta de acciones o de la inversión, las reducciones de capital y, en caso de liquidación de la empresa, el monto liquidado, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Reinversión: las utilidades obtenidas en moneda nacional pueden reinvertirse total o parcialmente y ser reconocidas como inversión extranjera. La reinversión debe notificarse al órgano rector.

La Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva establece los principios, políticas y procedimientos aplicables a la inversión extranjera productiva, incluidos su tratamiento y permanencia en el país. También establece que la inversión extranjera puede desarrollarse en cualquier área, sector o actividad económica permitida por la legislación venezolana.

El ministerio con competencia en materia de inversión extranjera actúa como órgano rector y centraliza el Registro de Inversión Extranjera. Los proyectos relacionados con hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y medios de comunicación se rigen preferentemente por su legislación especial y se canalizan en coordinación con los entes competentes de cada sector.

El Centro es el organismo del Estado que recibe y canaliza la inversión productiva. Promueve la captación de inversionistas, orienta sobre los requisitos y procedimientos para presentar el proyecto, evalúa el perfil empresarial y el proyecto, y lo canaliza ante las autoridades competentes. En las Zonas Económicas Especiales, además, establece los requisitos de presentación y certifica los proyectos de participación.

El Centro no cobra comisiones sobre el activo o la operación ni actúa como intermediario financiero. Cuando correspondan tasas por servicios o por el procesamiento de documentos en materia de inversión extranjera, estas son fijadas por el Ejecutivo Nacional y se pagan al Estado.

Las inversiones extranjeras están sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela.

Una vez agotados los recursos judiciales internos y cuando exista un acuerdo previo, la República puede participar en otros mecanismos de solución de controversias desarrollados en el marco de la integración de América Latina y el Caribe o de otros esquemas de integración.

Por ello, cualquier mecanismo adicional aplicable al proyecto debe definirse expresamente en los instrumentos jurídicos correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente y con la naturaleza de la inversión.

La ley establece plazos para determinados trámites. Los órganos y entes con competencias concurrentes deben responder al órgano rector dentro del plazo legal establecido, prorrogable por causas justificadas. En el caso de una reinversión de utilidades, el órgano rector dispone de sesenta días para decidir.

Por su parte, la inversión extranjera debe permanecer en el territorio nacional durante un período mínimo de dos años. El contrato puede establecer un período mayor, según las características y necesidades del proyecto.

La duración total de la estructuración no es igual para todas las inversiones: depende del alcance del proyecto, la entrega completa de los recaudos y los permisos sectoriales requeridos. El Centro gestiona esos trámites con los organismos competentes.